El sueño de la deuda propia

MONICA Salazar, de la Villa Javiera Carrera: “Las viviendas que nos dieron son cajas de fósforos”.

En la inauguración del año escolar, el presidente Lagos enfrentó a una decena de mujeres deudoras habitacionales que exigían a gritos una solución ante el inminente remate de sus viviendas. Era la “señora Juanita” en vivo y en directo. Pero Lagos se molestó, dijo que en La Moneda se recibe a cualquiera y espetó un “no necesito carteles y que me interrumpan un acto: porque el presidente sabe lo que necesitan los chilenos”.
Las “señoras Juanitas” suman más de 260 mil. Es el número de familias de deudores habitacionales que viven los altos índices de cesantía, la precariedad de trabajos informales y miserables salarios y el encarecimiento del costo de la vida. Son miles, que apenas reciben como ingreso lo mínimo para subsistir. La pobreza los socava. A gran parte les es imposible gastar en otra cosa que no sea en comida. Frente a comer o pagar dividendos, “la señora Juanita” no tiene otra opción que arriesgarse a perder su sueño más grande: la casa propia.
Hay enorme desproporción entre los ingresos familiares y el monto de los dividendos. En muchos casos representan más de un tercio de los ingresos. Pero si no pagan, los intereses suben y a la larga terminan debiendo el valor de una o más casas. Familias con deudas de 50 ó 60 UF, hoy deben más de 200, por costas e intereses. Es una pesadilla. La situación se agrava y a las órdenes de remate de Inverca S.A., la empresa que cobra, se suma el pánico de perderlo todo.
Los morosos ingresan a Dicom. “Inverca no perdona y nos pone la soga al cuello impidiéndonos encontrar trabajo. El criterio del Serviu y de Inverca para cobrar es perverso. Además, el Ministerio (de la Vivienda) paga millones a Inverca por el manejo de la cartera de deudores”, dice la “señora Juanita”.

DESPIADADO MERCADO

“Tengo que pagar 50 lucas de dividendo, pero ¿de dónde saco esa plata? No queremos que nos regalen la casa pero no podemos pagar eternamente. Por eso decimos: ‘Igualdad, igualdad... donde está... esa gueá’. Aún ganando esta pelea la pobreza seguirá”, dice María Cecilia, de Peñalolén. “Para el gobierno, un indigente es el que gana menos de 22.000 pesos; el que gana hasta 44.000 es pobre, pero el chorreo no se ve. Ni siquiera hay para parar la olla. Vemos casos dramáticos, hay personas que enferman y han muerto de angustia”, agrega Arturo Adriazola de la Coordinadora Nacional de Deudores Habitacionales. Les siguen llegando órdenes prejudiciales y aunque se ha detenido en tribunales la mayoría de los remates, es una amenaza constante y una presión sicológica.
Mónica Salazar vive en la Villa Javiera Carrera, de Cerro Navia. “Eramos de un campamento y nos erradicó el programa Chile Barrio. Pero seguimos sin trabajo y no tenemos para pagar. Las viviendas que nos dieron son cajas de fósforos de 40 metros cuadrados, divididas en dos espacios. Hay hongos en las murallas, bajadas de agua mal hechas, primeros pisos que se mojan por los estanques de los vecinos, humedad en las camas... Tú escuchas cuando tu vecino suspira. El hacinamiento es terrible. Los chicos viven en las escalas y se empiezan a drogar. Somos más de 200 familias deudoras; unas pagan mil pesos, otras 10 mil. Muchos vivimos con 39.000 pesos y nos cobran 28.000 de dividendo. Nos quieren medir por una canasta de 22.000 pesos que no considera gastos de agua, luz, salud, educación. ¿Quién va a vivir con eso? Si llego a ganar 100 lucas y gasto 60 en comida, según el Serviu e Inverca tengo para pagar. A su vez Inverca nos presiona y cobra más por cada mes de atraso... De un sueño esto pasó a ser una pesadilla. Tengo 42 años y no me dan trabajo por la edad”.
Las pobladoras se agolpan para entregar sus testimonios. Mónica Pinto, de la Villa Isabel Riquelme II, dice: “Inverca nos mata todos los meses con sus intereses. Si debo diez dividendos -unos 250.000 pesos-, con los intereses ascienden a 400.000. Más encima nos cobran en UF. Mucha gente que se ha atrasado ya debe dos casas”. La mayoría trabaja en las ferias libres y sus maridos hacen “pololitos”.
Jenny Navarro es de la población Ignacio Serrano, de Lampa. Casi todos son temporeros: “No logras juntar plata para pagar, vives al día. Tengo ocho hijos y una nieta. Eso no es culpa del gobierno, pero no me dan trabajo. Debo 24 dividendos. Me salen doce lucas de luz y ocho de agua. Por tener una casa arreglada no soy indigente. Eso de la ficha CAS no lo entiendo. Una prefiere comer. Yo pagaba 33.000 pesos de dividendo. Nunca he hecho un convenio. Ni siquiera nos pintaron la casa, el baño se moja. Muchas somos mujeres solas”.

UNA MESA DE TRABAJO

Desde hace años las organizaciones de deudores plantean pagar “dividendos diferenciados”, en pesos y no en UF, con montos que no sobrepasen el 3% de los ingresos familiares ni los 10.000 pesos. Otra idea es congelar el cobro a los cesantes, sin que eso implique un aumento de intereses o cobranzas judiciales. La “señora Juanita” agrega: “Queremos nuevos mecanismos de pago y que Inverca no siga lucrando con la pobreza. Que el Serviu contrate un seguro contra incendio, sin que signifique aumentar el dividendo. Es injusto que en un sistema que se supone social, se nos cobre intereses por préstamos o morosidad. Ningún argumento financiero, comercial o técnico justifica lucrar con la pobreza. Se deben anular todos los remates”.
El año 2000, en varias villas y poblaciones se formaron comités de deudores Serviu. Su propósito era parar los remates de Inverca. Luego de años de movilizaciones, en 2004 lograron que el gobierno aceptara una mesa de trabajo y que la mayoría de los remates se pospusiera. Tras varias reuniones y propuestas, las autoridades se comprometieron a responder el 28 de diciembre, día de los inocentes. La respuesta no llegó.
Las exigencias de los pobladores son: condonación de la deuda, incluyendo intereses y costas judiciales para familias de indigentes, adultos mayores con pensiones inferiores al ingreso mínimo y familias que tengan miembros con enfermedades catastróficas, y que el resto que no está en condiciones de pagar sea asimilado al programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda, con un tope de pago de 10 UF y diez años para que la deuda quede saldada. Todo parecía ir bien. La mesa de trabajo se desarrollaba normalmente. La recepción de las autoridades a las propuestas parecía buena. Sin embargo, el 5 de marzo la ministra de la Vivienda, Sonia Tschorne, sin mediar reunión con los dirigentes, anunció la “esperada” respuesta del gobierno. Para los deudores no representa una solución de fondo. Sólo recoge la condonación de la deuda a los indigentes beneficiados por el programa Chile Solidario, el resto deberá “competir” para acreditarse.
Iván Carrasco, dirigente de la Coordinadora Metropolitana, señala: “Planteamos que se reabra la mesa con los mismos criterios que se establecieron a principios de 2004: que las decisiones sean en consenso con los dirigentes de las asambleas de comités de deudores, y que a pesar del decreto del 9 de marzo se busque otro mecanismo que no sea la ficha CAS para calificar la indigencia. La ficha CAS establece un puntaje y una ‘línea de corte de la indigencia’, pero los puntajes son estúpidos. Por ejemplo, una familia cartonera si vive en una casa con cuatro paredes sólidas, sube su puntaje y sale de la indigencia. El gobierno dice que no va a usar ese criterio: eso es un triunfo de los pobladores”.

NEGOCIO Y BENEFICIOS

Otras propuestas son el retorno de los deudores de viviendas básicas a la cartera hipotecaria Serviu. Además, respecto de las casas con daños estructurales exigen una indemnización y la entrega de viviendas en buen estado, que se cumpla el rol fiscalizador del Minvu y se respalde a los pobladores que inicien acciones judiciales contra las constructoras. Según cifras oficiales, durante los gobiernos de la Concertación ha disminuido el déficit habitacional. Se construyeron casi dos millones de casas en estos quince años, pero son las constructoras las que organizan la demanda mientras el sistema de vivienda social se mercantiliza cada día más. Socovesa, Guillermo Pérez y PY -ex Copeva- levantan casas de mala calidad pero son las preferidas del Minvu, y el Estado les devuelve el 31 por ciento del IVA de los costos de construcción. Muchas demandas concluyen con resoluciones judiciales que recomiendan “arreglos”, que se realizan tarde, mal y nunca. Las empresas mantienen el aval del Ministerio y el Serviu. Es un negocio redondo.
Según la ministra Tschorne, las recientes medidas beneficiarán a 43.158 familias: “El presidente encomendó un exhaustivo estudio de la situación de los deudores habitacionales del Serviu para dar solución a estas familias, que implica un significativo esfuerzo económico al país; pero bien vale la pena”. Agregó que la medida “obedece a que la actual política habitacional reconoce que hay familias que no tienen capacidad de endeudamiento, por lo que quisimos homologar los beneficios que estamos dando para aquellos que no los obtuvieron y se encuentran en la misma situación de pobreza”.
La ministra de la vivienda informó que los beneficios se aplicarán a 30.127 adultos mayores que tendrán mayores facilidades para pagar. También se contempla a 3.995 deudores indigentes del programa Chile Solidario a quienes se les subvencionará el saldo total de la deuda, y a 9.036 deudores indigentes no inscritos en Chile Solidario, “previa verificación de su condición”. Según el Ministerio el 16,5 por ciento de los 260 mil deudores resultará beneficiado.

PROTESTAS POR DOQUIER

El pasado 7 de marzo los deudores agrupados en Andha iniciaron una huelga de hambre (ver PF 587). En un comunicado respondían al ofrecimiento del gobierno: “No es una solución para todas las familias pobres. Nuestros viejos de la tercera edad que están al día, deberán pagar 500.000 pesos al contado. Los que deben doce dividendos o más, deberán pagar un año de dividendo completo y después del año, 500.000 al contado o 22.000 pesos en cuotas por dos años. Sólo les condonan la deuda a trece mil familias pobres, siendo que somos más de 260 mil. Nuestros enfermos catastróficos deberán seguir esperando cuatro años más para una solución. Los deudores al día deberán seguir pagando todo y los morosos, o pagan o sufren el remate de sus casas. Para ellos no hay solución”. Nancy Acevedo, dirigente de Quillota, dice: “El gobierno anunció una solución para una parte de los indigentes, pero somos 260 mil familias en la cartera hipotecaria. La ministra habló por televisión mintiéndole a los pobres. Nuestra propuesta era una tabla de pago. Por ejemplo, quienes han pagado más de diez años deberían cancelar media UF o medio dividendo y acabar su deuda, y así hasta llegar a quienes nunca han pagado un dividendo, que debieran ser asimilados a la Vivienda Dinámica sin Deuda cancelando 180.000 pesos y nada más”.
La huelga de hambre concitó apoyo de varios comités de deudores. En Rancagua los pobladores salieron a la calle. Un acto en Lo Hermida en apoyo a Michelle Bachelet fue interrumpido por protestas. Bachelet estuvo más de dos horas sin poder salir de un local rodeado por barricadas. También protestaron en El Quisco, San Antonio, La Calera y Quillota. En San Bernardo y Peñalolén hubo cortes de calles y tomas de la municipalidad. En La Pintana, enfrentamientos con la policía. Marchas y mítines se desarrollaron en Quilicura, Lampa, Osorno, Concepción, Talcahuano y Penco. El 21 de marzo, después que el Minvu accediera a poner por escrito un compromiso en que monseñor Alfonso Baeza Donoso fue mediador, los pobladores levantaron la huelga de hambre. El 23 de marzo se reabrió la mesa de trabajo para buscar un mecanismo de calificación distinto de la ficha CAS para las familias sin capacidad de pago. Los deudores advierten que si el Minvu desconoce lo acordado, las movilizaciones se reanudarán

ARNALDO PEREZ GUERRA

VIVIENDAS
a la chilena

La mayoría de las 260 mil familias deudoras habitacionales viven angustiadas. El fantasma del remate de sus viviendas siempre está presente.
Inverca los amenaza con remates y cobranzas judiciales. Un número indeterminado ha perdido sus casas a manos de Inverca que, a través de inmobiliarias como Convivienda y otras, las vuelve a vender. Hace dos años, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados propuso la exención de pago por la situación socioeconómica de muchas familias, pero el proyecto no se concretó.
La amenaza de remate no es el único problema. “Miles de viviendas tienen daños estructurales irreparables y debieran demolerse”, plantea el arquitecto y diputado Patricio Hales. Según las organizaciones de pobladores, las viviendas dañadas representan más de un 25 por ciento del total de las que aparecen como deudoras. Unas 40.000 han sido “reparadas” por Serviu.
Aníbal Pérez, diputado y presidente de la Comisión de Vivienda, señala que “se debe fiscalizar los edificios de conjuntos habitacionales Serviu que han presentado fallas”. Muchas casas se humedecen, mientras en baños y paredes brotan hongos y las cañerías del alcantarillado no soportan siquiera una descarga. “Las empresas simplemente no cumplen con las certificaciones. Algunas casas en vez de cemento tienen arena. Se ha construido de manera irresponsable. ¿Qué pasó con los recursos que entregó el Estado destinados a la reparación de viviendas y por qué no se iniciaron las acciones judiciales correspondientes?”, se pregunta Pérez.
Las viviendas “sociales” de la Concertación tienen un tamaño promedio de 36 metros cuadrados, muy similar a las de la dictadura, revela la Corporación de Estudios Sociales y Educación Sur. Según la investigación, si bien durante el gobierno de Lagos las dimensiones han crecido -de 36 a 40 metros cuadrados-, todavía se mantienen las condiciones de hacinamiento: 4,5 habitantes promedio. Los efectos sicológicos son graves: “La satisfacción por la casa propia, tan anhelada, se desvanece rápidamente en el transcurso de los dos o tres primeros años de morar en la vivienda. (...) el 64,5% de los usuarios quiere irse, mientras el 90% siente miedo y vergüenza de su barrio. Además, el emplazamiento de poblaciones con viviendas sociales coincide con las zonas que concentran la mayor tasa de denuncias de violencia intrafamiliar”

(Publicado en “Punto Final” Nº 589, 15 de abril, 2005. Suscríbase a la edición impresa)